Términos y Condiciones Generales

Venturi Paragliding Lanzarote es una empresa dedicada a la realización de vuelos en parapente biplaza en Lanzarote, España, con domicilio en Calle Villanueva 25, Haría, CP 35543, Las Palmas. La contratación de cualquiera de nuestros servicios implica la aceptación expresa de estas condiciones generales.

El cliente tiene la obligación de informar sobre cualquier condición médica relevante (embarazo, enfermedades cardiovasculares, ansiedad, vértigo, lesiones recientes, etc.) y declara no encontrarse bajo los efectos de alcohol, drogas o medicación que afecte a sus capacidades.

Las reservas se consideran confirmadas únicamente tras recibir confirmación escrita por parte de Venturi Paragliding Lanzarote. Puede requerirse un depósito o el pago total para validar la reserva.

Los bonos regalo tienen una validez de 12 meses desde la fecha de emisión. No son reembolsables ni canjeables por dinero. Los bonos regalo no son personales y pueden ser utilizados por cualquier persona que cumpla los requisitos de la actividad, previa validación por parte de la empresa.

El piloto es el comandante del parapente y el pasajero se compromete a seguir sus instrucciones. El cliente reconoce que el parapente es una actividad de riesgo influenciada por factores naturales imprevisibles.

La empresa podrá cancelar la actividad por razones de seguridad o fuerza mayor. El cliente podrá elegir entre cambio de fecha o reembolso íntegro.

El cliente participa bajo su propia responsabilidad. La responsabilidad de Venturi Paragliding Lanzarote se limita a las coberturas de su seguro de responsabilidad civil.

Durante la realización de los vuelos, Venturi Paragliding Lanzarote podrá tomar fotografías y/o vídeos de los clientes con fines promocionales, publicitarios y de difusión. Al contratar el servicio, el cliente autoriza el uso de su imagen. En caso de que el cliente no desee que su imagen sea utilizada, podrá comunicarlo y la empresa retirará las imágenes en la mayor brevedad posible.

Estas condiciones se rigen por la legislación española, siendo competentes los juzgados del domicilio social de la empresa.